PHOENIX, Arizona, EE. UU. (AP) -Arizona aprueba severa ley antiinmigrante
Una severa iniciativa para combatir la inmigración ilegal en Arizona se convirtió en ley, pese a que el presidente Barack Obama la calificó el viernes de ''irresponsable'' y ''mal encaminada''. La gobernadora Jan Brewer, promulgó con su firma la ley, en un acto transmitido el viernes en directo por la televisión. La medida entrará en efecto en 90 días, después de las sesiones legislativas actuales, que se realizarán en las próximas semanas.
Brewer consideró que la ley ''protege a todos los ciudadanos de Arizona''.
La amplia legislación convertirá en un delito estatal el encontrarse ilegalmente en el país. También obligará a los agentes policiales a interrogar a cualquier persona sobre su situación migratoria, tan sólo ante la sospecha de que ese individuo se encuentra ilegalmente en el país.
Obama advirtió en Washington que la medida podría violar los derechos civiles de la gente, y ha instruido al Departamento de Justicia a analizar la medida para determinar si es legal.
Pero los comentarios del mandatario no convencieron a la gobernadora republicana del estado para vetar lo que sería la ley más intransigente del país contra la inmigración ilegal.
Obama sostuvo que el gobierno federal debe reformar las normas de inmigración nacionales, caso contrario dejará la puerta abierta a la ''irresponsabilidad ajena''.
''Esto incluye, por ejemplo, gestiones recientes en Arizona que amenazan con socavar los conceptos fundamentales de equidad tan caros para los estadounidenses, así como la confianza entre la policía y las comunidades que es crucial para brindarnos seguridad'', dijo Obama.
Brewer tenía un día más para decidir qué hacer con el proyecto de ley. Sin embargo, decidió no esperar. El plazo del sábado para la gobernadora republicana fue establecido el lunes cuando el proyecto de ley llegó a su despacho. La mandataria estatal podía firmarlo, vetarlo o permitir que se convierta en ley sin su firma.
Los defensores de los derechos humanos dicen que la ley conduciría a la individuación racial y disuadiría a los hispanos a denunciar delitos. Cientos de hispanos protestaron el jueves frente al Capitolio estatal.
El patrocinador del proyecto, el senador republicano Russell Pearce, dijo que liberaría a los policías de las trabas políticas y ayudaría a desalojar del estado a los indocumentados. Arizona tiene unos 460 mil inmigrantes ilegales y es el cruce fronterizo más activo de la nación.
Otras disposiciones del proyecto permitirían demandas contra agencias gubernamentales que obstaculicen la aplicación de las leyes de inmigración, y haría ilegal contratar indocumentados como jornaleros o transportarlos a sabiendas.
Brewer enfrenta una disputada elección primaria republicana el 24 de agosto y uno de sus adversarios, el tesorero estatal Dean Martin, le ha exhortado a firmar el proyecto.
Obama hizo sus declaraciones durante una ceremonia de naturalización de 24 soldados en servicio activo, de quienes dijo que representan el verdadero patriotismo por servir a un país al que entonces no podían llamar suyo.
Dijo que seguirá colaborando con el Congreso para elaborar una reforma global de la ley inmigratoria. ''Si seguimos sin tomar medidas en el nivel federal, veremos otras gestiones mal encaminadas en el país'', dijo Obama. ''Como nación, como pueblo, podemos elegir un futuro diferente''
Nota relacionada:
Polémica ley en Arizona amenaza con convulsionar
WASHINGTON (AFP) -
La promulgación en Arizona de una ley sin precedentes que obliga a detener a los indocumentados amenaza con convulsionar el debate migratorio en Estados Unidos, donde viven cerca de 11 millones de personas sin papeles.
"Están sucediendo muchas cosas, pero tienen que suceder de forma adecuada. Si esto se vuelve algo partidista, todos vamos a salir perdiendo", advierte Bob Sakaniwa, director asociado de la Asociación de Abogados de temas migratorios.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó el viernes la ley SB 1070, que por primera vez en Estados Unidos obliga a la policía de un estado a identificar y detener a los migrantes ilegales.
Unos 460.000 indocumentados viven en Arizona, un estado fronterizo con México.
Vivir y trabajar en Estados Unidos sin papeles es ya de por sí un delito, pero de ámbito federal.
Decenas de circunscripciones policiales tienen firmados acuerdos con el gobierno federal para ejercer de policías migratorios, pero sólo a partir otros delitos.
La nueva ley de Arizona obliga a los policías a detener a las personas a partir de "dudas razonables" de que puedan ser ilegales, sin más.
Si no lo hacen, pueden ser demandados por los ciudadanos del estado.
La ley es "irresponsable", criticó el presidente Barack Obama, quien anunció que pedirá a su Departamento de Justicia que examine si viola los derechos civiles.
"El pueblo estadounidense merece una reforma integral y judiciosa", dijo Obama.
La tensión en torno a los acontecimientos en Arizona tiene consecuencias peligrosas, según analistas y expertos que participan en los debates actualmente en Washington.
Solamente un senador republicano, Lindsay Graham, está negociando en estos momentos con otro demócrata, Chuck Schumer, un posible texto de reforma, basada en un programa de permisos de trabajo temporal, multas y obligación de aprender inglés para los que busquen la legalización y tarjetas de identificación.
Para los demócratas, cuyas perspectivas electorales en noviembre se anuncian difíciles, la tentación es romper la baraja y presentar un texto propio de reforma, como ya hicieron con la reforma de los servicios de salud o la bancaria.
Los líderes del Senado, Harry Reid, y de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, apuntaron en esa dirección esta semana.
Los demócratas pueden "empujar ahora para luego decir durante la campaña electoral que al menos lo intentaron", explica Tamar Jacoby, presidenta de ImmigrationWorks, una coalición de empresarios que pelea por lograr una reforma migratoria.
Los republicanos lo tienen también complicado, puesto que son el partido minoritario y están también muy presionados por parte del nuevo fenómeno conservador estadounidense, el denominado Tea Party.
Significativamente, el Comité Nacional Republicano guardó silencio sobre la histórica medida de Arizona. Una de las figuras del Partido y ex defensor de la reforma migratoria, John McCain, ex candidato presidencial y senador precisamente por Arizona, ya dio su apoyo a la ley SB 1070.
Líderes de grupos hispanos, que recuerdan constantemente a ambos partidos el peso electoral que tiene la comunidad, anuncian por su parte reuniones el lunes para preparar manifestaciones de protesta.
Fuente: Yahoo noticias
Una severa iniciativa para combatir la inmigración ilegal en Arizona se convirtió en ley, pese a que el presidente Barack Obama la calificó el viernes de ''irresponsable'' y ''mal encaminada''. La gobernadora Jan Brewer, promulgó con su firma la ley, en un acto transmitido el viernes en directo por la televisión. La medida entrará en efecto en 90 días, después de las sesiones legislativas actuales, que se realizarán en las próximas semanas.
Brewer consideró que la ley ''protege a todos los ciudadanos de Arizona''.
La amplia legislación convertirá en un delito estatal el encontrarse ilegalmente en el país. También obligará a los agentes policiales a interrogar a cualquier persona sobre su situación migratoria, tan sólo ante la sospecha de que ese individuo se encuentra ilegalmente en el país.
Obama advirtió en Washington que la medida podría violar los derechos civiles de la gente, y ha instruido al Departamento de Justicia a analizar la medida para determinar si es legal.
Pero los comentarios del mandatario no convencieron a la gobernadora republicana del estado para vetar lo que sería la ley más intransigente del país contra la inmigración ilegal.
Obama sostuvo que el gobierno federal debe reformar las normas de inmigración nacionales, caso contrario dejará la puerta abierta a la ''irresponsabilidad ajena''.
''Esto incluye, por ejemplo, gestiones recientes en Arizona que amenazan con socavar los conceptos fundamentales de equidad tan caros para los estadounidenses, así como la confianza entre la policía y las comunidades que es crucial para brindarnos seguridad'', dijo Obama.
Brewer tenía un día más para decidir qué hacer con el proyecto de ley. Sin embargo, decidió no esperar. El plazo del sábado para la gobernadora republicana fue establecido el lunes cuando el proyecto de ley llegó a su despacho. La mandataria estatal podía firmarlo, vetarlo o permitir que se convierta en ley sin su firma.
Los defensores de los derechos humanos dicen que la ley conduciría a la individuación racial y disuadiría a los hispanos a denunciar delitos. Cientos de hispanos protestaron el jueves frente al Capitolio estatal.
El patrocinador del proyecto, el senador republicano Russell Pearce, dijo que liberaría a los policías de las trabas políticas y ayudaría a desalojar del estado a los indocumentados. Arizona tiene unos 460 mil inmigrantes ilegales y es el cruce fronterizo más activo de la nación.
Otras disposiciones del proyecto permitirían demandas contra agencias gubernamentales que obstaculicen la aplicación de las leyes de inmigración, y haría ilegal contratar indocumentados como jornaleros o transportarlos a sabiendas.
Brewer enfrenta una disputada elección primaria republicana el 24 de agosto y uno de sus adversarios, el tesorero estatal Dean Martin, le ha exhortado a firmar el proyecto.
Obama hizo sus declaraciones durante una ceremonia de naturalización de 24 soldados en servicio activo, de quienes dijo que representan el verdadero patriotismo por servir a un país al que entonces no podían llamar suyo.
Dijo que seguirá colaborando con el Congreso para elaborar una reforma global de la ley inmigratoria. ''Si seguimos sin tomar medidas en el nivel federal, veremos otras gestiones mal encaminadas en el país'', dijo Obama. ''Como nación, como pueblo, podemos elegir un futuro diferente''
Nota relacionada:
Polémica ley en Arizona amenaza con convulsionar
WASHINGTON (AFP) -
La promulgación en Arizona de una ley sin precedentes que obliga a detener a los indocumentados amenaza con convulsionar el debate migratorio en Estados Unidos, donde viven cerca de 11 millones de personas sin papeles.
"Están sucediendo muchas cosas, pero tienen que suceder de forma adecuada. Si esto se vuelve algo partidista, todos vamos a salir perdiendo", advierte Bob Sakaniwa, director asociado de la Asociación de Abogados de temas migratorios.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó el viernes la ley SB 1070, que por primera vez en Estados Unidos obliga a la policía de un estado a identificar y detener a los migrantes ilegales.
Unos 460.000 indocumentados viven en Arizona, un estado fronterizo con México.
Vivir y trabajar en Estados Unidos sin papeles es ya de por sí un delito, pero de ámbito federal.
Decenas de circunscripciones policiales tienen firmados acuerdos con el gobierno federal para ejercer de policías migratorios, pero sólo a partir otros delitos.
La nueva ley de Arizona obliga a los policías a detener a las personas a partir de "dudas razonables" de que puedan ser ilegales, sin más.
Si no lo hacen, pueden ser demandados por los ciudadanos del estado.
La ley es "irresponsable", criticó el presidente Barack Obama, quien anunció que pedirá a su Departamento de Justicia que examine si viola los derechos civiles.
"El pueblo estadounidense merece una reforma integral y judiciosa", dijo Obama.
La tensión en torno a los acontecimientos en Arizona tiene consecuencias peligrosas, según analistas y expertos que participan en los debates actualmente en Washington.
Solamente un senador republicano, Lindsay Graham, está negociando en estos momentos con otro demócrata, Chuck Schumer, un posible texto de reforma, basada en un programa de permisos de trabajo temporal, multas y obligación de aprender inglés para los que busquen la legalización y tarjetas de identificación.
Para los demócratas, cuyas perspectivas electorales en noviembre se anuncian difíciles, la tentación es romper la baraja y presentar un texto propio de reforma, como ya hicieron con la reforma de los servicios de salud o la bancaria.
Los líderes del Senado, Harry Reid, y de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, apuntaron en esa dirección esta semana.
Los demócratas pueden "empujar ahora para luego decir durante la campaña electoral que al menos lo intentaron", explica Tamar Jacoby, presidenta de ImmigrationWorks, una coalición de empresarios que pelea por lograr una reforma migratoria.
Los republicanos lo tienen también complicado, puesto que son el partido minoritario y están también muy presionados por parte del nuevo fenómeno conservador estadounidense, el denominado Tea Party.
Significativamente, el Comité Nacional Republicano guardó silencio sobre la histórica medida de Arizona. Una de las figuras del Partido y ex defensor de la reforma migratoria, John McCain, ex candidato presidencial y senador precisamente por Arizona, ya dio su apoyo a la ley SB 1070.
Líderes de grupos hispanos, que recuerdan constantemente a ambos partidos el peso electoral que tiene la comunidad, anuncian por su parte reuniones el lunes para preparar manifestaciones de protesta.
Fuente: Yahoo noticias
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