Por NOTIVIDA, Argentina*
El obispo de San Luis, Mons. Jorge Lona, ratificó que: “tanto el matrimonio como la unión civil entre personas del mismo sexo, significarían una discriminación injusta contra el verdadero matrimonio y la familia” y recordó que de la última declaración de la Conferencia Episcopal Argentina emerge esta conclusión “sin sombra de dudas”.
Se muestra sorprendido pues de que Sergio Rubín autoconstituyéndose en un “vocero oficioso del Episcopado” haya dicho que la Iglesia en Argentina “apoya la unión civil para frenar el matrimonio gay” (Clarín, 20/05/2010) y de que haya señalado como “operador” de esta defección a un obispo con una postura clara y manifiesta.
Con celo pastoral el obispo puntano ha salido a aclarar este tema ante la opinión pública y los senadores, en medio de “un debate amenazado por la confusión”. A continuación la nota aclaratoria de Mons. Lona:
La posición de la Iglesia Católica ante el matrimonio y la unión civil entre las personas del mismo sexo Hace apenas un mes y medio, el 20 de abril pasado, la última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina dio a publicidad su declaración “Sobre el bien inalterable del Matrimonio y la Familia”.
Allí, la posición de la Iglesia Católica fue presentada de modo enteramente claro.
Nos limitaremos a citar tres puntos de ese documento:
3. Corresponde a la autoridad pública tutelar el matrimonio entre el varón y la mujer con la protección de las leyes, para asegurar y favorecer su función irreemplazable y su contribución al bien común de la sociedad. Si se otorgase un reconocimiento legal a la unión entre personas del mismo sexo, o se las pusiera en un plano jurídico análogo al del matrimonio y la familia, el Estado actuaría erróneamente y entraría en contradicción con sus propios deberes al alterar los principios de la ley natural y del ordenamiento público de la sociedad argentina.
5. Constatar una diferencia real no es discriminar. La naturaleza no discrimina cuando nos hace varón o mujer. Nuestro Código Civil no discrimina cuando exige el requisito de ser varón y mujer para contraer matrimonio; sólo reconoce una realidad natural. Las situaciones jurídicas de interés recíproco entre personas del mismo sexo pueden ser suficientemente tuteladas por el derecho común. Por consiguiente, sería una discriminación injusta contra el matrimonio y la familia otorgar al hecho privado de la unión entre personas del mismo sexo un estatuto de derecho público.
6. Apelamos a la conciencia de nuestros legisladores para que, al decidir sobre una cuestión de tanta gravedad, tengan en cuenta estas verdades fundamentales, para el bien de la Patria y de sus futuras generaciones. Se concluye sin sombra de duda que tanto el matrimonio como la unión civil entre personas del mismo sexo, significarían una discriminación injusta contra el verdadero matrimonio y la familia.
Dicha conclusión ha sido reafirmada vigorosamente por Mons. Antonio Marino –Presidente de la Comisión “ad hoc” de seguimiento de los proyectos legislativos del Episcopado– en declaraciones públicas y en su intensa tarea aclaratoria ante los legisladores.
¿Por qué nos parece necesaria esta aclaración, aparentemente obvia?
Porque de un modo sorpresivo, un periodista de destacada experiencia y conocimiento de los temas eclesiales, en uno de los periódicos de mayor circulación del país, se ha constituido a si mismo en vocero oficioso del Episcopado para informar que la Iglesia ha decidido apoyar la alternativa de la unión civil. Y se ha referido a “los contactos” que Mons. Marino mantiene en ese sentido con los legisladores.
Es inconcebible que se trate de ignorancia respecto a la declaración pública del 20 de abril, de la Asamblea Plenaria de la CEA. O de ignorancia sobre la muy conocida opinión y actividad de Mons. Marino.
Sólo nos queda el asombro ante una falta de lógica que raya en el absurdo. Pero también la responsabilidad de aclarar este tema ante la opinión pública y ante los senadores de nuestra provincia, para que puedan ser voces iluminadoras, en un debate amenazado por la confusión.
Nos comprometemos a realizar un próximo aporte a esta problemática, tan compleja como importante para el futuro de la Patria.
San Luis, 4 de junio de 2.010.
+Mons. Jorge Luis Lona
Obispo de San Luis
_________________________________________
NOTIVIDA, Año X, Nº 700, 4 de junio de 2010
*Editores: Lic. Mónica del Río y Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja
Página web: www.notivida.org
Email: notivida@hotmail.com
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Citando la fuente y el autor, se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos contenidos en cada número del boletín
El obispo de San Luis, Mons. Jorge Lona, ratificó que: “tanto el matrimonio como la unión civil entre personas del mismo sexo, significarían una discriminación injusta contra el verdadero matrimonio y la familia” y recordó que de la última declaración de la Conferencia Episcopal Argentina emerge esta conclusión “sin sombra de dudas”.
Se muestra sorprendido pues de que Sergio Rubín autoconstituyéndose en un “vocero oficioso del Episcopado” haya dicho que la Iglesia en Argentina “apoya la unión civil para frenar el matrimonio gay” (Clarín, 20/05/2010) y de que haya señalado como “operador” de esta defección a un obispo con una postura clara y manifiesta.
Con celo pastoral el obispo puntano ha salido a aclarar este tema ante la opinión pública y los senadores, en medio de “un debate amenazado por la confusión”. A continuación la nota aclaratoria de Mons. Lona:
La posición de la Iglesia Católica ante el matrimonio y la unión civil entre las personas del mismo sexo Hace apenas un mes y medio, el 20 de abril pasado, la última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina dio a publicidad su declaración “Sobre el bien inalterable del Matrimonio y la Familia”.
Allí, la posición de la Iglesia Católica fue presentada de modo enteramente claro.
Nos limitaremos a citar tres puntos de ese documento:
3. Corresponde a la autoridad pública tutelar el matrimonio entre el varón y la mujer con la protección de las leyes, para asegurar y favorecer su función irreemplazable y su contribución al bien común de la sociedad. Si se otorgase un reconocimiento legal a la unión entre personas del mismo sexo, o se las pusiera en un plano jurídico análogo al del matrimonio y la familia, el Estado actuaría erróneamente y entraría en contradicción con sus propios deberes al alterar los principios de la ley natural y del ordenamiento público de la sociedad argentina.
5. Constatar una diferencia real no es discriminar. La naturaleza no discrimina cuando nos hace varón o mujer. Nuestro Código Civil no discrimina cuando exige el requisito de ser varón y mujer para contraer matrimonio; sólo reconoce una realidad natural. Las situaciones jurídicas de interés recíproco entre personas del mismo sexo pueden ser suficientemente tuteladas por el derecho común. Por consiguiente, sería una discriminación injusta contra el matrimonio y la familia otorgar al hecho privado de la unión entre personas del mismo sexo un estatuto de derecho público.
6. Apelamos a la conciencia de nuestros legisladores para que, al decidir sobre una cuestión de tanta gravedad, tengan en cuenta estas verdades fundamentales, para el bien de la Patria y de sus futuras generaciones. Se concluye sin sombra de duda que tanto el matrimonio como la unión civil entre personas del mismo sexo, significarían una discriminación injusta contra el verdadero matrimonio y la familia.
Dicha conclusión ha sido reafirmada vigorosamente por Mons. Antonio Marino –Presidente de la Comisión “ad hoc” de seguimiento de los proyectos legislativos del Episcopado– en declaraciones públicas y en su intensa tarea aclaratoria ante los legisladores.
¿Por qué nos parece necesaria esta aclaración, aparentemente obvia?
Porque de un modo sorpresivo, un periodista de destacada experiencia y conocimiento de los temas eclesiales, en uno de los periódicos de mayor circulación del país, se ha constituido a si mismo en vocero oficioso del Episcopado para informar que la Iglesia ha decidido apoyar la alternativa de la unión civil. Y se ha referido a “los contactos” que Mons. Marino mantiene en ese sentido con los legisladores.
Es inconcebible que se trate de ignorancia respecto a la declaración pública del 20 de abril, de la Asamblea Plenaria de la CEA. O de ignorancia sobre la muy conocida opinión y actividad de Mons. Marino.
Sólo nos queda el asombro ante una falta de lógica que raya en el absurdo. Pero también la responsabilidad de aclarar este tema ante la opinión pública y ante los senadores de nuestra provincia, para que puedan ser voces iluminadoras, en un debate amenazado por la confusión.
Nos comprometemos a realizar un próximo aporte a esta problemática, tan compleja como importante para el futuro de la Patria.
San Luis, 4 de junio de 2.010.
+Mons. Jorge Luis Lona
Obispo de San Luis
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NOTIVIDA, Año X, Nº 700, 4 de junio de 2010
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