Por René Padilla, ArgentinaLa soja se ha convertido en los últimos años en un pingüe negocio en la Argentina y otros países. Su producción y comercialización ilustran con claridad meridiana la manera en que el sistema económico actual funciona y sus efectos ecológicos y sociales a nivel global. Diríamos que el funcionamiento del negocio de la soja es un síntoma de los resultados concretos que acarrea la ideología neoliberal con su énfasis unilateral en un crecimiento económico que no repara ni en la creciente destrucción de la naturaleza ni en el aumento acelerado de la distancia entre ricos y pobres.
Para muestra, un botón: el caso de Anta
Es el caso del «complejo sojero» que incluye al departamento de Anta (al sur de la provincia de Salta, Argentina), que forma parte del Chaco salteño y ha sido objeto de un cuidadoso estudio por parte de Chris van Dam (2002). Este departamento, el segundo más pobre del país (28-29) y ubicado en «el polo de calor de América del Sur» (39), se constituyó —a partir de los primeros años de la década de 1990— en una suerte de paradigma de la agricultura a gran escala, fuertemente dependiente de capitales transnacionales, que hoy caracteriza a extensos sectores de las zonas rurales en América Latina.
Varios factores contribuyeron al desarrollo espectacular de la producción de soja en un territorio largamente sometido al desmonte sin medida para fines agropecuarios y a la degradación ambiental causada principalmente por la ganadería. Un factor fue el muy bajo valor económico de la tierra, lo que hizo posible la adquisición de miles y miles de hectáreas a precios irrisorios. Otro factor fue el volumen del capital invertido en maquinaria agrícola sofisticada para todo el proceso de producción, desde la preparación del suelo hasta la siembra y la cosecha. Un tercer factor fue la introducción de nuevas modalidades de cultivo, incluyendo la siembra directa o labranza cero,[1] que comenzó en 1992 y se convirtió en la práctica común en pocos años, y el uso de semillas transgénicas, es decir, modificadas genéticamente. Un factor adicional fue la desgravación impositiva basada en una política gubernamental de desarrollo agropecuario. Todos estos factores hicieron y hacen posible una alta rentabilidad.
Por otro lado, sin embargo, hay que tomar muy en serio las consecuencias negativas que tiene esta modernización agrícola tanto en el campo ecológico como en el social. En efecto, en el campo ecológico la siembra directa requiere la utilización de más herbicidas para contrarrestar la propagación de malezas como consecuencia de la humedad presente debajo del rastrojo. Con la alteración del ecosistema aparecen nuevas plagas y enfermedades que requieren grandes cantidades de agroquímicos. Aunque en los cultivos de la soja transgénica se ha reducido a dos el número de herbicidas (RoundUp y 2-4-D), las cantidades del 2-4-D requeridas son altas y afectan tanto la salud de la población como a mucha de la vegetación de la región, incluyendo las arboledas y los frutales del centro poblado, Las Lajitas.
Las consecuencias sociales de la modernización en función del incremento de las ganancias a corto plazo no son menores. Van Dam (85) sintetiza el problema en los siguientes términos:
“A principios de la década de los ´90, con las nuevas reglas de juego que las políticas neoliberales le imponen al agro, se produce un proceso de polarización por el cual sobreviven y se expanden los sectores que logran modernizarse productivamente, quedando eliminados los pequeños productores cuya debilidad en términos financieros y tecnológicos no les permite competir con el primer sector.!
Con el crecimiento de la demanda aumenta drásticamente el precio de la tierra y se coloca más allá del alcance de la gran mayoría de agricultores locales, que tienen que vender o alquilar sus propios campos, contribuyendo así a la concentración de grandes extensiones de tierra cultivable en una elite poderosa.
A esta abusiva expulsión del campo que sufren los campesinos por razones financieras se añade la dramática reducción de mano de obra que acompaña a la modernización tecnológica y a la siembra directa,[2] lo cual resulta en un mayor empobrecimiento de los habitantes locales en general, especialmente en los centros urbanos. Lo que antes hacían los jornaleros, ahora lo hacen las máquinas. Los pocos obreros especializados requeridos, primordialmente para la siembra, la fumigación y la trilla, casi siempre vienen de afuera y su capacitación técnica corre por cuenta de las empresas de agroquímicos y semillas, o de las cerealeras presentes en la zona: Monsanto, Cargill, Dekalb, Continental, Pioneer, Zeneca. Sin tierra y sin trabajo, los campesinos en general se ven forzados a vivir de «changas» o a emigrar a zonas rurales marginales o a los centros urbanos. Los pocos que logran sobrevivir lo consiguen a costa de muchos sacrificios, dedicando sus minifundios a la producción agrícola y ganadera de subsistencia, destinada al consumo propio y al consumo interno, local o regional.
La conclusión a que llega la investigación de Van Dam es que el boom sojero en el Chaco salteño ha dado lugar a una «economía enclave» basada mayormente en megaempresas y capitales extranjeros y orientada conscientemente hacia los mercados extra-regionales y externos, sin ningún interés en el desarrollo rural local. Es posible mediante el control de miles y miles de hectáreas del territorio nacional dedicadas a un monocultivo que beneficia a los inversores, pero arroja un saldo ecológico y social completamente negativo para toda la región. Perpetúa tanto la degradación ambiental como la injusticia en la distribución de la tierra y el consecuente empobrecimiento de las mayorías.
Cabe anotar que lo que sucede con el boom sojero en el Chaco salteño también sucede en dondequiera que se dedica la tierra a la agricultura comercial y la agroindustria, con el proceso productivo bajo el control de grandes intereses económicos. Desaparece el cuidado de los recursos naturales —incluyendo la tierra— y la biodiversidad, y desaparece a la vez el sentido de solidaridad humana. Lo único que interesa es la maximización de la ganancia a corto plazo.
El papel del Gobierno en perspectiva neoliberal
¿Qué papel desempeña el Gobierno nacional desde la perspectiva de los empresarios agropecuarios, protagonistas del boom sojero en la Argentina? Al Gobierno nacional se lo concibe como la institución política encargada de incentivar la inversión empresarial en aras del crecimiento económico, proteger el derecho de propiedad privada, dinamizar la producción, asegurar que el mercado libre funcione de manera eficiente y transparente. Así concebido, el Gobierno no tiene por qué interferir en las relaciones económicas, las cuales dependen del mercado. Se da por sentado que la «mano invisible» del mercado regulará esas relaciones para beneficio de todos.
Lo que sucede en la vida real, como hemos visto en el caso del boom sojero en el Chaco salteño, demuestra que este fundamentalismo del mercado favorece a los que tienen de su lado el poder del dinero y reduce a la pobreza a los que no lo tienen. La «economía enclave» no incluye en su agenda el bien común, no se conduce de acuerdo con principios éticos que tienen que ver con las relaciones de los seres humanos entre sí o con el ecosistema. Es la economía en la cual, como afirma George Soros (1999:77), «la gestión del dinero requiere una dedicación inquebrantable a la causa de ganar dinero, y todas las demás consideraciones deben subordinarse a ella».
A la luz del fundamentalismo del mercado que hemos descrito se entiende el actual conflicto de productores agropecuarios con el Gobierno argentino: es primordialmente un conflicto de los protagonistas del boom sojero en defensa de sus intereses sectoriales. El núcleo duro del diferendo son las retenciones móviles, es decir, los impuestos que la Aduana cobra por las exportaciones del agro, como también por la venta externa de petróleo o de oro o cobre. A pesar de las diferencias que existen entre sí, las cuatro entidades que representan a los productores (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Coninagro) están de acuerdo en su rechazo de dichas retenciones, que para ellas representan una imposición gubernamental arbitraria. Lo que está en juego no es ni más ni menos que la autoridad del Gobierno para decidir la política económica, en este caso en relación con la exportación de granos. En línea con la ideología neoliberal, las retenciones son una intromisión que expresa el autoritarismo de un gobierno «anti-desarrollo», «anti-progreso», «anti-crecimiento», y que atenta contra la rentabilidad del agro. ¡La única respuesta que cabe por parte de los productores es la resistencia en forma de paros que obliguen al Gobierno a retraerse!
El cuadro se complica si se toma en cuenta que, por detrás del conflicto, hay actores invisibles. Por un lado, las compañías exportadoras de granos, como Cargill,[3] Monsanto,[4] Syngenta, Bayer, YPF Fertilizantes y Nidera, que son las que tienen que pagar las retenciones para luego descontarlas del precio que pagan a los grandes productores. Por otro lado, los medios periodísticos, especialmente La Nación y Clarín, socios sojeros en Expoagro.[5] ¿Cabe sorprenderse de que la cobertura que estos medios han hecho del «paro agropecuario», lejos de reflejar la realidad con responsabilidad ética periodística —como corresponde—, se reduzca a una construcción informativa que favorece sin reparos a los empresarios del agro y proyecta una imagen totalmente negativa de las medidas gubernamentales relativas a las retenciones? [6]
El presente conflicto de los empresarios del agro con el Gobierno plantea con mucha fuerza el interrogante sobre el papel del Estado en las relaciones económicas. Quienes pretenden que éstas sean regidas por el mercado no toman en cuenta lo que George Soros, un millonario exitoso, reconoce: que «el valor dominante en el sistema capitalista global es la búsqueda de dinero» (145) y que, en una democracia, los políticos no existen para ponerse al servicio de los grandes intereses económicos sino, por el contrario, «deben ser receptivos a las demandas populares» (270), es decir, a las demandas de las grandes mayorías. Si el gobierno, cualquiera que sea, no cumple ese papel, los peces grandes se devoran a los chicos y las demandas populares son desoídas permanentemente.
Notas
[1] La Argentina es actualmente el líder mundial en el uso de este método de cultivo. En el 70% de su superficie agrícola se hace uso de este método, en contraste con el 6% a nivel mundial.
[2] En el modelo de producción sojera que está en boga basta una sola persona para cada 500 hectáreas. Esto redunda en la pérdida de cuatro de cada cinco puestos de trabajo en el campo.
[3] Cargill, una compañía estadounidense, es la más grande de las compañías que exporta granos desde la Argentina. Cuenta con 3600 empleados en el país, y en los últimos años exportó un promedio del 22% de los granos enviados al exterior.
[4] Monsanto, una compañía agroquímica transnacional, se ocupa de producir y comercializar semillas modificadas por métodos genéticos y los insumos que se utilizan para su cultivo, incluyendo los agrotóxicos.
[5] Expoagro es una muestra agropecuaria anual que tiene el propósito de hacer demostraciones de siembra y cultivo con maquinarias y mueve anualmente cientos de millones de dólares. Cuenta con la participación de empresas como Bunge Fertilizantes y Monsanto, como también de la ONG AAPRESID. Las ventas en Expoagro 2008 llegaron a US$170 millones.
[6] Ver en «Análisis de la actuación de los medios en el lockout agropecuario», un informe emitido por la Universidad de Buenos Aires sobre la base de un punteo para el análisis de medios realizado entre el 26 de marzo y el 3 de abril de 2008. Según este informe, «nunca quedaron tan evidentes como en estos días los modos de construcción [tergiversada] de la información». Tal construcción es un buen ejemplo de lo que se ha denominado «dictadura de la información».
Bibliografía
Soros, George, La crisis del capitalismo global. La sociedad abierta en peligro. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1999.
Van Dam, Chris, Ocupación, degradación ambiental, cambio tecnológico y desarrollo sostenible: los efectos de la introducción del paquete soja/siembra directa en el Chaco salteño. Tesis de Maestría en gestión ambiental y desarrollo. Centro Bartolomé de las Casas, Colegio Andino, Escuela Andina de Postgrado, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 2002, Salta.
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Artículo publicado originalmente, junto a la segunda parte, en la Revista Kairós, Año 8, Nº 21, Buenos Aires, Argentina.
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