Por. Hilario Wynarczyk- Argentina
La
posición especial del culto católico
El nuevo
Proyecto de Ley de Libertad Religiosa enviado por el Poder Ejecutivo de la
República Argentina al Poder Legislativo, en este mes de junio del año 2017, es
un extenso documento producido con gran pericia técnica por personas con
sólidos conocimientos de derecho internacional comparado en esta materia. El
Proyecto está orientado, según explican sus autores en las páginas de
presentación, a la finalidad de adecuar “la legislación en la materia a los
estándares internacionales y respondiendo así a un reclamo histórico,
permanente y justo de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas no
católicas”. Pero también se trata de un documento destinado a ampliar y
garantizar la libertad de conciencia.
Es muy
positivo que esto haya sucedido, aunque sin dudas sería posible no estar de
acuerdo en ciertos detalles, y pese a que será todavía objeto de discusiones. Y
de críticas que comienzan a aflorar.
Considerando
el universo religioso como un campo de fuerzas donde hay diversos actores, un
punto que aparece claro es que la Iglesia Católica Apostólica Romana continúa
siendo una institución privilegiada desde el Estado de la República Argentina.
Por medio del nuevo Proyecto, en caso de tornarse Ley, permanece constante la
posición de la Iglesia Católica como iglesia apoyada por el Estado Nacional. El
primer artículo de la Constitución Nacional dice que “La Nación Argentina
adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo
establece la presente Constitución”. A seguir el artículo 2 dice escuetamente:
“El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.
Al
mismo tiempo permanece firme el carácter de figura de derecho público que define
a la Iglesia Católica, un estatus común a, por ejemplo, una provincia, un
municipio, un país, las Naciones Unidas. Esto es así porque la Iglesia Católica
depende en última instancia de un Estado, el Estado Vaticano, que tiene un
Concordato firmado con el Estado Argentino en la década de los años 60s.
“También permanece firme la práctica del
Estado brindarle sostén económico a la Iglesia Católica, en la forma de
salarios para estudiantes seminaristas, algunos sacerdotes, y todos los
obispos. Esto constituye nada más el 15 % del presupuesto que maneja la Iglesia
Católica en la Argentina, pero en todo caso es evidente su valor simbólico y
práctico. Significa que la población argentina que paga impuestos (o trabaja
para otras personas que pagan impuestos), pero que no va a las misas, está
pagando la formación y parte del sostenimiento.”
Paralelamente
el Estado apoya el funcionamiento de los colegios católicos. En este punto cabe
señalar que dichos colegios suelen en muchos casos ser colegios a donde
van adolescentes de la clase media alta y alta y que en ellos, aunque no se
trata de una política de los colegios, funcionan procesos de identificación
social de élite socio-económica, perceptible en el trato con dichas personas y
sus familias. Pero más son los colegios que hacen posible a personas de
sectores medios, medios inferiores, y hasta de “la clase trabajadora”, enviar a
estudiar a sus niños, pagando cuotas económicas.
La
fuerza propia de la Iglesia Católica
De
hecho, entonces, la Iglesia Católica funciona como una iglesia del Estado y de
la nación y recibe favores del erario público, situación que no se modificaría
con el nuevo Proyecto. Pero sería injusto decir que esto constituye
simplemente un privilegio donado a la institución. Si bien el público que
realmente concurre a la iglesia en forma regular manifestando realmente a
través de la práctica religiosa la fe católica, no supera el 10 % de la
población de la Argentina, el caudal de personas que dicen ser católicas
alcanza o supera el 75 % de dicha población.
En
apoyo a su posición en la sociedad argentina, la Iglesia Católica posee un
poderoso capital situado en varias áreas. Para el caso corresponde destacar la
existencia de una red de universidades, institutos terciarios de formación de
profesorado, colegios secundarios y primarios a los que ya ya nos hemos
referidos, y personas con sólida formación intelectual, especialmente en el
territorio de las ciencias jurídicas y la política. Y también en la sociología
aplicada como lo muestra la producción de estadísticas, muy tomadas en cuenta,
sobre situación social de sectores desfavorecidos (el Barómetro dela Deuda
Social) desde un Instituto de la UCA, Universidad Católica Argentina de la
Ciudad de Buenos Aires.
Los
actores públicos de la Iglesia Católica por otra parte tienen la capacidad y
virtud de hablar sobre los problemas del mundo, los problemas de la sociedad,
en un lenguaje universal propio de la política, la economía, las ciencias
sociales, la pedagogía. En general las manifestaciones públicas de los obispos
tienen este tono y no apelan continuamente a textos sagrados o propios del
Magisterio de la Iglesia, aunque se basan en códigos morales subyacentes de
origen religioso, pero también humanista.
“En cuanto a la relación con el Estado,
la Iglesia Católica actualmente no se orienta hacia el clericalismo, como
podría haber sido perceptible hasta hace unas décadas atrás, sino a una
distancia entre la Iglesia y el Estado, como tratándose de dos áreas autónomas.
Esto constituye una forma especial de reconocimiento de incumbencias sin
ingresar en el secularismo. Pero, y esto es muy importante, se trata de
dos esferas con capacidad de cooperar mutuamente. Lo cual le abre a la Iglesia
Católica, empoderada por un gran capital de recursos para la acción social
(como hemos venido sosteniendo en este punto), la posibilidad de involucrarse
en diversos terrenos, de servicio, por ejemplo.”
Objeción
de conciencia y secreto de confesión
A este
panorama se le suma en el nuevo Proyecto la adopción del principio de derecho a
la objeción de conciencia, que en primera impresión podemos percibir como
beneficioso para personas de cultos que rechazan pertenecer a las fuerzas
armadas o las transfusiones de sangre (como es el caso de los Testigos de
Jehová). Pero quizá el lado más importante de la cuestión, sin embargo,
aparezca al considerar que este derecho puede ser invocado en el ámbito
católico por las personas que trabajan en el territorio de la salud,
frente a la aplicación de prácticas de control de la natalidad, entre otras.
“Esta ampliación de derechos,
democráticamente abierta a la diversidad cultural, puede ser favorable a la
Iglesia Católica y al mismo tiempo resultar sin embargo una fuente de
conflictos en la medida en que ciertas instituciones de la salud (ellas y
no solamente las personas singulares) asuman este principio para negarse a
ciertas prácticas en las que inciden cuestiones éticas de sexualidad y
reproducción humana.”
De un
modo semejante el derecho a la objeción de conciencia puede devenir en
una fuente de conflictos en el campo de la enseñanza, en la medida en que
personas e instituciones opten por ampararse en el mismo para negarse a dar
clases sobre temas de control de la natalidad, usos de anticonceptivos,
aceptación de la homosexualidad, eutanasia. Hasta podría ser asumido el amparo
en ese derecho para un explícito rechazo de la teoría de la evolución y la
negación a enseñarla (como sucede en algunos lugares en los Estados Unidos).
Finalmente,
aquí es adecuado señalar que el nuevo Proyecto procura garantizar el derecho al
sigilo, una cuestión fundamental para mantener incólume el secreto de
confesión, especialmente importante en la vida católica. En las iglesias
evangélicas no existe la práctica de la confesión de los pecados basada en la
teología de los carismas de los clérigos.
Las
iglesias evangélicas frente al nuevo Proyecto
Con
ese único término nos referimos indistintamente a las iglesias conocidas como
evangélicas o protestantes. Estas iglesias representan el 10% de la población
de la Argentina, pero constituyen un conglomerado de esa misma magnitud de
personas asistentes regularmente a los cultos semanales. Este panorama
aritmético no es muy diferente del panorama de la Iglesia Católica como recién
ha sido explicado al considerar cuánta gente realmente concurre a la iglesia.
Pero más allá de eso, las iglesias evangélicas no cuentan con el capital que
habíamos considerado al hablar de las fortalezas de la Iglesia Católica para la
acción pública. Eso es real al nivel nacional y en este nivel las iglesias
evangélicas tienen un peso muy inferior. Sin embargo, cuentan con una
considerable capacidad de acción al nivel de municipios y gobernaciones
provinciales, en la medida en que los pastores se aproximan a las esferas
gubernamentales correspondientes, tratan de obtener recursos para la acción
social, cuentan con el interés de los políticos locales para captar potenciales
votantes en sectores populares donde estas iglesias pueden alcanzar niveles del
20 % y más de la población.
Coherentemente
con su fuerza en los sectores menos beneficiados, estas iglesias han
construido una fuerte posición en las prisiones, donde existen inclusive áreas
para los evangélicos. Ahí, en la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de
Santa Fe, particularmente, han logrado un expreso reconocimiento del Estado.
No
obstante la posición en la asimetría del peso en la sociedad argentina, con
respecto a la Iglesia Católica, los representantes institucionales del sector
más conservador desde el punto de vista bíblico (que es demográficamente el más
importante dentro del universo evangélico) adhieren con gran satisfacción al
Proyecto y procuran que el liderazgo pastoral apoye su sanción como Ley. En
primer término por una cuestión de reconocimiento de su identidad interpretado
como “igualdad de cultos”. Las iglesias u organizaciones que no pertenecen al
culto Católico Apostólico Romano, pero muy especialmente las evangélicas,
dejarían según el nuevo Proyecto. de permanecer en el estatus de asociaciones
civiles (lo mismo que un club, mientras que la Iglesia Católica es lo mismo que
un Estado) pasando en cambio a ser reconocidas como propiamente iglesias
y religiones.
En
segundo término dejarían de ser obligadas a inscribirse en el Registro Nacional
de Culto, una institución que tiene un origen en posturas reaccionarias
influyentes en el Estado Nacional Argentino a mediados del siglo XX, y tomó la
forma que hoy persistente (y que el nuevo Proyecto desarmaría) durante los
primeros años de la dictadura que comenzó en 1976, y concluyó en 1981,
presidida en entonces por el general de ejército Jorge Rafael Videla, muerto en
prisión purgando pena por lesa humanidad (sin expresar nunca arrepentimiento
público ni brindar informaciones sobre temas espinosos acerca de las prácticas
de tortura y matanza).
Dentro
de una nueva institución especializada del Estado Argentino, las iglesias
podrían inscribirse de todos modos y por voluntad propia, siendo en tal caso
beneficiarias de ventajas impositivas.
“Pero además de estas motivaciones de
las iglesias evangélicas para adoptar actitudes positivas hacia el nuevo
Proyecto, sucede que las que son mayoritarias y más conservadoras en temas
bíblicos y morales, adhieren a las posturas más ortodoxas y oficiales de la
Iglesia Católica en materia de bioética. Hecho que favorece a estas iglesias
evangélicas y favorece a la Iglesia Católica.”
Lo
que vendrá, pensando en la perspectiva de los evangélicos
El
nuevo Proyecto de Ley de Libertad Religiosa para la nación argentina ya comenzó
a ser tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Congreso
Nacional. Los legisladores, es de esperar no se concentrarán ahora en ese tema.
Ellos están preocupados por las campañas políticas para las elecciones
destinadas en el mes de agosto a elegir candidatos a cargos de diputados
y senadores, que luego en el mes de octubre serán colocados frente a la
ciudadanía en un segundo round electoral, en el que los hombres y las
mujeres votantes deberán decidir quiénes efectivamente irán entonces a ocupar
los cargos de diputados y senadores.
Pero
cualquiera sea el curso de los acontecimientos posteriores, la existencia de un
Proyecto de Ley que pondrá el acento en la libertad religiosa y de conciencia
es muy importante para las iglesias evangélicas. Ellas protagonizaron un ciclo
de acción colectiva en forma de movimiento social de protesta durante la década
de los años 90s, que alcanzó su ápice en el lapso 1999-2001 con reuniones
multitudinarias en el centro de la Ciudad de Buenos en torno al Obelisco
situado en la que se llama Plaza de la República y desde allí siguiendo a lo
largo de la Avenida 9 de Julio. Entonces protestaban por la igualdad de cultos
y por una nueva Ley de Culto, que llegó a estar escrita como un nuevo Proyecto
que el Poder Ejecutivo iba a enviar al Poder Legislativo. Pero en ese momento,
la presidencia de don Fernando de la Rúa, del partido Unión Cívica Radical,
colapsó en una compleja maraña política. De la Rúa renunció a su cargo. Y en el
área de Culto fueron situados funcionarios que no tuvieron interés en continuar
con esa cuestión del sistema jurídico argentino.
En fin
éste es un primer panorama aproximativo al tema del Nuevo Proyecto de Ley de
Libertad Religiosa, y de Libertad de Conciencia.
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El
autor es Dr. en Sociología (UCA), Máster en Ciencia Política con Orientación en
Teoría y Método (UFMG, Brasil), Licenciado en Sociología (UBA). Profesor
Titular de Metodología y Taller de Tesis en la Universidad Nacional de San
Martín. Autor de “Ciudadanos de dos mundos, el movimiento evangélico en la
vida pública argentina 1980-2001” (UNSAM, 2009, 391 páginas). A ese
exhaustivo estudio sociológico de las movilizaciones evangélicas de la década
de 1990, y la formación de la estructura del universo de iglesias evangélicas
en Argentina, le siguió “Sal y luz a las naciones, los evangélicos y la
política 1980-2001” (Instituto Di Tella y Siglo XXI, 2010, 222 páginas).
Recientemente ha publicado el libro pedagógico “Caja de herramientas para hacer
la tesis” (EDICON, Consejo Profeional de Ciencias Económicas de la Ciudad de
Buenos Aires, 222 páginas). Wynarczyk participó del elenco de asesores de la
Secretaría de Culto que formuló el Proyecto del año 2001.
Fuente:
ALCNOTICIAS, 2017.
