Por. César Vidal, España*Eutanasia
Señalaba en la última entrega que la legalización de la eutanasia en Holanda no sólo no se tradujo en un respeto estricto de la ley sino que, meramente, sirvió para que médicos y enfermeras causaran la muerte a los pacientes en la mayoría de los casos sin pedirles autorización ni a ellos ni a sus familiares. En buena lógica, se habría esperado que la situación experimentara un cambio evitando esas conductas y garantizando la vida de los pacientes.
Esperarse, se esperó, pero el resultado fue diametralmente opuesto.
En 1996, el gobierno holandés recibió un segundo informe científico sobre la práctica de la eutanasia. De manera inquietante, los pacientes que habían solicitado que se les practicara la eutanasia habían aumentado de un 15 a casi un 20% de la tasa total de mortalidad en la nación. El informe señalaba además que los casos de eutanasia habían experimentado un aumento de casi un 30% en tan sólo cinco años.
Una vez más, se habría esperado una reacción del gobierno para controlar lo que ya era una verdadera industria de la muerte. Pues bien, esa espera resultó vana.
A pesar de los datos, en 1998 se presentó un nuevo proyecto de ley de eutanasia en el parlamento holandés que la hacía extensiva a los niños a partir de los 12 años. En otras palabras, frente al aumento del mal la reacción del gobierno holandés no fue intentar frenarlo, sino abrirle aún más las compuertas para que se extendiera con más facilidad. Da escalofríos pensar lo que significaría un gobierno que actuara así en temas como el asesinato, la violación o el terrorismo.
El tema de la eutanasia ya resulta considerablemente inquietante en términos generales, pero adquiere características alarmantes cuando tenemos en cuenta que en nuestra nación ya se han dado varias pasos –de dudosa legalidad– para legalizarla.
Permítaseme que de algunas pinceladas para mostrar la veracidad de lo que digo.
El 10 de mayo de 2006, el parlamento español aprobó el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña que fue a su vez sometido a referéndum el 18 de junio del mismo año.
El texto incluía –de manera dudosamente legal al rebasar las competencias que la constitución otorga a las Comunidades autónomas- la vía abierta para la legalización de la eutanasia afirmando que “todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad el proceso de su muerte”.
El hecho resulta de especial gravedad porque, teóricamente, una de las fuerzas de mayor relevancia en el parlamento catalán, la Unión de Convergencia y Unión, es demócrata-cristiana, pero no se opuso al estatuto a pesar de que contenía ésta y otras cuestiones de enorme envergadura moral. Al parecer, el nacionalismo, en ese caso concreto, superó el peso del cristianismo en los corazones y las acciones de los diputados.
Naturalmente, ese paso – con toda la gravedad que implica – queda en la actualidad limitado a Cataluña.
Sin embargo, desde entonces, el actual gobierno nacional ha dado repetidas muestras de que va a proceder a legalizarla. Así, el 9 de septiembre de 2007, el actual ministro de sanidad, Bernat Soria afirmaba que “la eutanasia es una asignatura pendiente en la sociedad española” y el 17 de septiembre, el ministro de justicia, Mariano Fernández Bermejo anunciaba que “la sociedad española ya está madura para la eutanasia”.
La pregunta que hay que plantearse en ese caso es lo que va a hacer el pueblo de Dios frente a esa posibilidad, pero a ello me referiré en otra entrega.
Continuará
*César Vidal es escritor, historiador y teólogo: www.cesarvidal.com
Fuente: © C. Vidal, ProtestanteDigital.com
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