LOS 31 MINEROS QUE NO TUVIERON REALITY SHOW

Poco se ha dicho sobre el total de 31 mineros que han muerto en Chile este año, en 28 accidentes laborales. No tuvieron canales de televisión en directo, no recibieron la visita del Presidente, ni siquiera donaciones de millonarios apenados. Los periódicos (o la mayoría de ellos) no hablaron de ellos. Y son ya 373 trabajadores de la mina muertos en su puesto laboral en los últimos diez años, según datos del Servicio General de Geología y Minería (Sernageomin). Reportaje realizado por teleSUR – Aportes de El Ciudadano
El pasado 5 de agosto 33 mineros chilenos que laboraban en el yacimiento San José, localizado a 800 kilómetros al norte de la ciudad de Santiago, quedaron atrapados a 700 metros de profundidad luego de presentarse un derrumbe.
Tras dos semanas sin tener la certeza de que los mineros continuaban con vida, un mensaje escrito por los trabajadores atrapados, el cual adhirieron a una sonda de excavación que se uso para buscar indicios de supervivencia, confirmó que los trabajadores habían sobrevivido. Desde ese momento el mundo entero espera con ansias, el día en que los 33 obreros sean rescatados. Este accidente puso al descubierto la realidad que viven los trabajadores de la minería en Chile, principalmente los que laboran en pequeñas y medianas empresas del sector, quienes, sin tener una adecuada protección por parte del Estado, día a día exponen sus vidas en los yacimientos para llevar el sustento económicos a sus familias.
La actividad minera en Chile
La explotación minera en Chile tiene un largo historial y su desarrollo comenzó a potenciarse en el siglo XVI, época de la colonización por parte de España. En la actualidad, de acuerdo con datos del Ministerio de Minería, existen más de 150 yacimientos a lo largo y ancho de los cuatro mil 600 kilómetros cuadrados que comprenden a este país suramericano, donde principalmente se explota cobre, oro, plata, hierro, plomo, zinc y manganeso, siendo el primer mineral el de mayor abundancia. No obstante, es difícil determinar la cantidad exacta de minas en el territorio debido a la existencia de yacimientos informales, pertenecientes mayormente a la pequeña y mediana minería. El Servicio Nacional de Minería y Geología de Chile (Sernageomin) clasifica la actividad minera del Estado, específicamente la del cobre que es la más relevante, de la siguiente manera:
-Pequeña minería: Menos de mil toneladas de cobre fino al año. Se emplea entre 13 y 80 trabajadores.
-Mediana minería: Produce entre mil y 30 mil toneladas de cobre fino al año. Se emplea entre 80 y 400 trabajadores para esa tarea.
-Gran minería: Supera las 30 mil toneladas de cobre fino al año y emplea más de 400 trabajadores
Según la Federación Minera de Chile, hoy en día laboran más de 10 mil trabajadores en yacimientos de esa nación, quienes enfrentan cotidianamente grandes riesgos en uno de los oficios más peligrosos del mundo, para cuya realización debe existir una Legislación especial de protección s quienes ejerzan la profesión, así como también existe la necesidad de que Gobiernos velen por el cumplimiento de tal normativa. Datos revelados por organismos oficiales chilenos demuestran que hay algo que no está marchando del todo bien en el sector minero de ese país. De acuerdo con la Sernageomin, en el primer semestre del 2010 fallecieron 31 personas en los yacimientos del país y entre los años de 1990 y 2005 unos 742 trabajadores perdieron la vida en alrededor de 650 accidentes bajo tierra. Además del ocurrido en el yacimiento de San José a principios de agosto del presente año, las minas chilenas han sido protagonistas de otros sucesos de importancia que han sido reseñados por la prensa local, entre los que se pueden citar los siguientes:
-Todavía permanece en la mente de los habitantes de la comuna de Lota Schwager, localizada en la ciudad de Concepción (centro -sur), el incendio ocurrido después que explotara el yacimiento de esta localidad en el año 1994 y murieran a 21 obreros.
-Otro siniestro de considerables proporciones sucedió en la mina Radomiro Tomic ubicada en la región de Antofagasta (norte) en el año 2007 debido a una falla eléctrica que dejó daños de grandes dimensiones y varios heridos.
-En el 2008, un derrumbe en la mina San José, propiedad de minera Tocopilla, dejó a dos trabajadores atrapados bajo 100 toneladas de roca, mientras que otro desprendimiento de tierra registrado en la mina la Florida, ubicada a 150 kilómetros de Santiago, acabó con la vida de un obrero ese mismo año.
-Más recientemente, en agosto de 2009, un derrumbe en la mina Rocío Monserrat, a 80 kilómetros al noreste de Copiapó (norte), mató a un minero y dejó a otro con serias lesiones.
Pese a que el Estado chileno cuenta con un reglamento de seguridad minera, al parecer, éste es insuficiente y no se le sigue debidamente, tal como lo demuestra el reciente suceso de la mina San José en agosto pasado. ¿Si la industria minera es uno de los sectores que más ingresos y empleo genera en Chile, qué costo debe pagar un trabajador para alimentar a su familia?
“Minera San Esteban tiene un costo de tres muertos, Minera Carola tiene tres muertos más, Punta El Cobre también es una minera de mediana minería que está produciendo muertos constantemente. Entonces ese es el costo de producir empleo. Tiene que darle una vuelta, tiene que revisarlo”, indicó a la prensa argentina en agosto pasado el secretario del sindicato de trabajadores de la mina San José, Javier Castillo. En entrevista telefónica concedida al sitio Web de teleSUR, el presidente de la Confederación Nacional de Mineros de Chile, Néstor Jorquera expresó que el Gobierno de su país no ofrece garantías de seguridad a los trabajadores de este sector y el prontuario que posee la mina San José lo comprueba.
Antecedentes del yacimiento San José
Antes de que sucediera el derrumbe que todavía mantiene bajo tierra a 33 mineros, el yacimiento San José, propiedad de la empresa San Esteban, ya había presentado irregularidades.
En el 2004 el desprendimiento de una roca en el mismo lugar donde están atrapados los 33 hombres actualmente, provocó la defunción del obrero Javier Castillo Julio. Tres años después, la muerte de tres trabajadores en las minas San José y San Antonio, que también es propiedad de la compañía San Esteban, conllevó a que los mineros de esta empresa introdujeran una denuncia ante la Corte de Apelaciones de Chile. Debido a tanta controversia causada por los lamentables accidentes, el Gobierno chileno decidió clausurar temporalmente el yacimiento San José.
Sin embargo, poco tiempo después esa mina volvió a entrar en funcionamiento al garantizar el supuesto cumplimiento de disposiciones de las autoridades chilenas, pero un nuevo suceso le costó la vida a otro minero antes de finalizar el 2007, lo cual ocasionó el cierre definitivo de San José. Para el 30 de mayo de 2008, el yacimiento volvió a abrir sus puertas debido a que, presuntamente, se habían llevado a cabo en su interior proyectos de ventilación, eléctricos y un estudio geomecánico con sistemas de fortificación y monitoreo geotécnico. Pese a todas las mejoras, los trabajadores de San José no se cansaron de decir a los medios de su país que las condiciones de seguridad en la mina no habían cambiado y el secretario del sindicato de este yacimiento, en reiteradas ocasiones, declaró que estaban en una “situación de alto riesgo”.
El tiempo, lamentablemente, le dio la razón con el pesar de las numerosas familias chilenas que en estos momentos experimentan la mayor de las angustias, ante la situación en la que se encuentran sus seres queridos, sepultados en vida en el interior de la mina San José. Este yacimiento incumplía ciertos reglamentos de seguridad. Carecía de una salida alternativa a la principal y además posee un solo refugio con capacidad para sólo veinte personas, según informes de los organismos encargados. Para algunos representantes del sector, estas transgresiones a las normas ocurren, en gran parte, debido a hecho de que el Estado privilegia a las compañías mineras por sobre la vida de los trabajadores, lo que se traduce a bajas penalidades que se les impone a las empresas administradoras de yacimientos.
“Las multas y las sanciones deberían ser más drásticas porque las empresas muchas veces prefieren pagar las multas, porque son irrisorias, estamos hablando de treinta UTM. Las suspensiones son muy escasas y son esporádicas porque después de un tiempo vuelven a reabrir, y con conocimiento de las autoridades”, afirmó recientemente a la local el director de la Federación Minera de Chile, Pedro Marín. Otros opinan que los elevados precios del cobre han sido el mayor detonante para que el Estado permita que entren en operación las minas que no son del todo seguras. “En los ciclos de alto precio del cobre, como es en estos momentos, surgen muchas minas que estaban cerradas por el bajo precio del cobre. Al subir los precios, entran en acción minas que no son suficientemente seguras y se producen los problemas como el ocurrido en la mina San José”, sostuvo el director del recién creado comité que supervisará las regulaciones en materia de seguridad del sector, Juan Luis Ossa.
Por su parte, Jorquera considera que la mentalidad de los empresarios mineros es parte del problema de seguridad en este oficio, ya que, a su juicio, ”dan prioridad a la producción por encima de la seguridad de los trabajadores”. Estas declaraciones hechas por el presidente de la Confederación Nacional de Mineros coinciden con los recientes planteamientos del director de Comunicaciones de la Federación Minera de Chile, Agustín Latorre, quien afirmó a diarios de su nación que la situación en la mina San José es consecuencia de un modelo económico donde la obtención de ganancia y mayores utilidades están por delante de la seguridad laboral. Una mina como la de San José tiene un ingreso anual de ocho millones de dólares. Si se hubiese invertido parte de ese dinero en seguridad para los trabajadores, este lamentable accidente que hoy tiene en vilo a la nación suramericana se hubiese podido evitar.
Una de las razones por la cual los empresarios de la mediana minería, como los del yacimiento San José, no destinan parte de sus ganancias a la seguridad es la ausencia de legislaciones que los obligue a ello, a pesar de que hay un decreto de seguridad minera, según lo expresó la directora del Instituto de Seguridad Laboral de Copiapó, Lorena Martínez, en entrevista concedida al sitio Web de teleSUR
”No existe legislación chilena que obligue al empleador a destinar un porcentaje de las utilidades en prevención de riesgos y seguridad. Existe un decreto de seguridad minera que establece las normas básicas para minería subterránea, a rajo abierto y procesamiento de minerales. Las empresas deben cumplir, obligatoriamente, con las normas que establece el decreto, sin embargo, lo que cada empresa destina en recursos a la seguridad depende únicamente del empleador, el verá cuánto dinero necesita invertir para cumplir con el decreto”, manifestó.
Un porcentaje considerable de la riqueza de Chile ha dependido de los yacimientos. Este año sólo la gran minería chilena produjo ganancias por siete mil 244 millones de dólares; no en vano muchos consideran que la minería es el sueldo del país, ganado a base de sangre sudor y lágrimas.
Los pirquineros o el problema de la pequeña y mediana minería
Un pirquinero es un minero perteneciente a la pequeña y mediana minería que efectúa la extracción de minerales independientemente y de forma artesanal. Estos trabajadores venden el resultado de su labor, por lo general, a cooperativas que luego lo revenden a la Empresa Nacional de Minería en Chile. El cineasta argentino, Daniel Evans, declaró a la prensa chilena, durante el estreno de su documental dedicado a estos mineros artesanales de nombre Los sueños del desierto, que, ”el pirquinero es un hombre que, ante todo, resalta su libertad en un sentido increíble en nuestra sociedad”. “Los pirquineros y pescadores son los que todavía confían en sus manos para proveerse el alimento. El resto sabe que depende del sistema, el pirquinero, no. Él entiende y acepta que toma su mazo y su martillo y va al cerro a sacar el mineral, y eso le va a dar de comer a su familia”, añadió.
Esta poética manera de definir la labor de los pirquineros contrasta con la realidad que viven a diario estos hombres, debido a que la pequeña y mediana minería chilena es la que más problemas presenta en materia de seguridad. Los trabajadores de este sector son los menos amparados por las leyes pese a que el oficio del pirquinero no es considerado ilegal en el país y goza de gran aceptación. La actividad de estos mineros representa el 7,5 por ciento de la producción minera total en Chile. Lorena Martínez, reiteró que la gran problemática en la seguridad minera en Chile se enfoca sobre todo en la pequeña minería y en los pirquineros debido a que las fiscalizaciones que se realizan no son adecuadas razón por la cual las condiciones de trabajo son inadecuadas. Además sostuvo que las normas de seguridad en el sector no se cumplen como corresponde, puesto que en muchas ocasiones no se realizan trabajos de reforzamiento en las paredes de los yacimientos ni tampoco se fortifican.
“La falta de seguridad al interior mina, se ve reflejada en malas condiciones de higiene y seguridad, tales como: deficientes acuñaduras, falta de reforzamiento en los cerros, falta de fortificación, faltas de vías de evacuación en caso de emergencias, escaza ventilación. En cuanto a la superficie, las malas condiciones se asocian a la infraestructura, es decir, comedores y dormitorios incumpliendo el Decreto supremo 594 referente a condiciones mínimas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo”, consideró Martínez.
¿Vientos de cambios para el sector minero chileno?
Lo ocurrido en el yacimiento San José, que ha puesto en evidencia las debilidades del sector minero en Chile, tuvo como consecuencia que el presidente Sebastián Piñera tomara algunas determinaciones que no son del todo aceptadas por representantes del sector. En primer lugar, el jefe de Estado se comprometió a realizar una exhaustiva revisión y restructuración del área minera y los mecanismos de fiscalización de los yacimientos en Chile, ésto con la intensión de crear una “ética de la responsabilidad” y una cultura de trabajo digno”. Para ello, Piñera estableció la creación de una Superintendencia de Minería para fiscalizar la seguridad de este sector en el país y una comisión para revisar estas regulaciones de seguridad, ambas integradas por representantes de los empresarios mineros y del Estado. Las nacientes instancias deberán elaborar un informe con las respectivas conclusiones sobre el incidente de la mina San José en un plazo de 90 días.
Como segundo paso, el Presidente chileno decidió pedir la renuncia del director de la Sernagoemin, Alejandro Vio, del subdirector de Minería, Exequiel Llanes, y del director regional del organismo en Atacama, Rodolfo Díaz, como de los cambios promovidos. Ante esta problemática, la directora del Instituto de Seguridad Laboral, Lorena Martínez, opinó que debe haber un cambio de mentalidad y una colaboración mutua entre trabajadores y empleadores que deben estar atentos a las condiciones de seguridad, así como también el Gobierno debe hacer un mejor trabajo de fiscalización. ”Creo que hay que hacer un cambio de mentalidad en los trabajadores, ellos deben preocuparse de su salud y no exponerse a condiciones riesgosas, los empleadores por su parte, debe fomentar el autocuidado capacitando a los trabajadores y mejorar las condiciones de seguridad. Finalmente, el gobierno debe realizar una mayor fiscalización a las empresas mineras”, dijo la funcionaria en sus declaraciones al sitio Web de teleSUR.
En sus declaraciones a teleSUR, Jorquera, por su parte, afirmó que estos proyectos son solamente una manera de ”dilatar el tiempo” y darle paso al olvido de los hechos. El dirigente sindical sostuvo que la comisión creada por el presidente Piñera no representa a los mineros chilenos, pues no hay ningún representante del sector participando en el grupo. Agrega que el propósito de esta comisión es aumentar la cantidad de fiscalizadores de los yacimientos, lo cual, a su juicio, le va a proporcionar más libertad a los empresarios, pero no va a solucionar el problema de seguridad.
Jorquera enfatizó que un paso importante que el Gobierno debe dar para mejorar la seguridad de los trabajadores mineros es ratificar los convenios 176, 167, 184 y 187 sobre la metaria, establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Indicó que estos convenios ”los obreros tienen el derecho de no asistir a sus puestos de trabajo si consideran que las condiciones de seguridad no están dadas, lo cual e la actualidad es causal de despido”. Añadió que otro punto relevante en esta situación es la edad de jubilación de los trabajadores de yacimientos, establecida por el Gobierno chileno para los 65 años cuando, dice Jorquera, debería ser a los 55 por cuestiones de desgaste físico, factor que puede repercutir en el desempeño del obrero. El dirigente sindical reconoce que el gremio minero no ha puesto ”fuerza en la lucha por defender sus derechos”, razón por la que instó a estos trabajadores a permanecer unidos y convocar a una gran movilización en la cual ”pongan en jaque al Estado chileno”.
”Queremos otro tipo de seguridad, otro tipo de leyes”, enfatizó Jorquera.

Fuente: La Alternativa