Julián Guaman*, EcuadorIntroducción
Una gran mayoría de indígenas ecuatorianos profesan la fe evangélica durante los últimos cuarenta años. Así en provincias con población de mayoría indígena, como lo es Chimborazo, comunidades enteras se han volcado por el protestantismo. Si bien el protestantismo evangelical ingresó al Ecuador en 1896, -un año después de la revolución liberal que garantizó el laicismo y la práctica de otras expresiones religiosas en el país-, sólo en la década de los años sesenta hasta mediados de los noventa ocurriría el fenómeno de expansión del protestantismo evangélico entre los indígenas del Ecuador.
Este fenómeno de expansión del protestantismo entre los indígenas del Ecuador ha sido estudiado de manera significativa por cientistas sociales (antropólogos, sociólogos) y por apologistas misioneros; no así desde la perspectiva de los evangelizados y de manera crítica. A manera de conjetura se puede señalar que la rápida expansión del protestantismo entre los indígenas del Ecuador se debió a varios factores, pero principalmente por cuanto 1) los indígenas se hallaban en un contexto de discriminación, explotación y opresión y por lo mismo buscaban como liberarse de aquello, y 2) en ese contexto aparece el protestantismo evangelical con una propuesta religiosa y moral (discurso y práctica) que coincidía con las aspiraciones indígenas. Esta relación de factores trajo como consecuencia la aceptación del protestantismo evangélico, su rápida expansión y el desarrollo de la “nueva” identidad indígena evangélica.
Una gran mayoría de indígenas ecuatorianos profesan la fe evangélica durante los últimos cuarenta años. Así en provincias con población de mayoría indígena, como lo es Chimborazo, comunidades enteras se han volcado por el protestantismo. Si bien el protestantismo evangelical ingresó al Ecuador en 1896, -un año después de la revolución liberal que garantizó el laicismo y la práctica de otras expresiones religiosas en el país-, sólo en la década de los años sesenta hasta mediados de los noventa ocurriría el fenómeno de expansión del protestantismo evangélico entre los indígenas del Ecuador.
Este fenómeno de expansión del protestantismo entre los indígenas del Ecuador ha sido estudiado de manera significativa por cientistas sociales (antropólogos, sociólogos) y por apologistas misioneros; no así desde la perspectiva de los evangelizados y de manera crítica. A manera de conjetura se puede señalar que la rápida expansión del protestantismo entre los indígenas del Ecuador se debió a varios factores, pero principalmente por cuanto 1) los indígenas se hallaban en un contexto de discriminación, explotación y opresión y por lo mismo buscaban como liberarse de aquello, y 2) en ese contexto aparece el protestantismo evangelical con una propuesta religiosa y moral (discurso y práctica) que coincidía con las aspiraciones indígenas. Esta relación de factores trajo como consecuencia la aceptación del protestantismo evangélico, su rápida expansión y el desarrollo de la “nueva” identidad indígena evangélica.
1. Contexto de la dominación y la lucha por la liberación
En este acápite sintetizaremos el régimen agrario, las reformas agrarias y la lucha por la tierra mediatiza por organizaciones indígenas. Este aspecto se hace importante por cuanto los indígenas evangélicos se volcaron al protestantismo cuestionando el régimen de la dominación y precisamente para procurar salir de esta situación.
1.1 Régimen agrario
El período del Estado-Nación se caracteriza por el dominio terrateniente tradicional, asentado en las relaciones de servidumbre: wasipunko[i], base de la estructura agraria de dominación, que tiene su origen en el siglo XVII y perduró hasta finales de la década de los setenta del siglo XX. En este periodo, aunque se suprimió el tributo indígena en 1857, de hecho coexistió con otras formas de dominación como la prisión por deudas, la explotación de la mano de obra indígena en las haciendas, el rechazo y desprecio a la cultura indígena, entre otras. Pero principalmente, los pueblos indígenas no tienen derechos frente al Estado y la sociedad: sin capacidad de elección y de ser elegidos, excluidos de cargos estatales por no ser hispanohablantes y sus comunas consideradas tierras baldías[ii]. Asimismo, el Estado como sucesor colonial mantuvo su política de explotación mediante la imposición de trabajos obligatorios en obras públicas, pago de impuestos y diezmos para la Iglesia Católica. Pero en el siglo XX, aunque el Estado expropió tierras de la iglesia y pasó a ser parte de las Juntas Estatales de Beneficencia, la situación indígena no fue modificada, sino con la Reforma Agraria de 1964 y 1973[iii].
El sistema de encomiendas fue reemplazado por adjudicaciones de tierras y los nuevos dueños “concertaban” con los indígenas. Este es el origen del concertaje, el cual consistía en la asignación de parcelas de subsistencia a los indígenas. De esta manera, con la expansión de las haciendas, las comunidades libres fueron arrinconadas en tierras de peor calidad[iv]. Un elemento importante dentro del régimen agrario tradicional lo constituye el esquema de la dominación. La administración étnica que en tiempos de la colonia estaba en el poder central, con la supresión del tributo de indios en 1857, pasó al poder local. Es decir, entre 1857 y 1973, la administración étnica estaba mediatizada entre el Estado y las poblaciones indígenas por el poder local[v]. Este poder se hacía evidente en la clásica trilogía hegemónica terrateniente-cura-teniente político[vi]. Los hacendados constituían los responsables de la explotación económica de “sus indios”; la Iglesia Católica, además de seguir recaudando diezmos y primicias, se convirtió en un aparato intermediario que presidía el dominio cultural-ritual de las parcialidades y la gente mestiza del pueblo usufructuaba de las relaciones desiguales. Esta tríada de dominación perduró como natural y poco cuestionada[vii].
Asimismo este poder de dominación se ampliaba con la gente del pueblo constituido por prestamistas usureros, cantineros chicheros, comerciantes y miembros de la administración de la hacienda (mayordomos)[viii]. La vigencia de esta trilogía no sólo fue posible porque los terratenientes mantuvieron el control político sobre la población rural, sino también por la alianza entre los terratenientes y la Iglesia. Ésta, también propietaria de haciendas, otorgaba el sustento ideológico a los terratenientes y ejercía control sobre los campesinos que se oponían al sistema de haciendas aduciendo el ordenamiento natural del sistema[ix]. A partir de los años cincuenta las haciendas empezaron a resquebrajarse por el acelerado proceso de urbanización, lo que obligó la modernización del agro pasando de relaciones serviles al trabajo asalariado y la movilización de los huasipungueros que tenían por objetivo la posesión de tierras[x]. Luego de las reformas agrarias, el esquema de dominación inicia su decadencia principalmente por la ruptura de la Iglesia Católica con los terratenientes influenciados por la presencia de la curia progresista. La Iglesia entrega algunas de sus haciendas, impulsa el proceso de capacitación, concienciación y dinamiza los esfuerzos organizativos[xi], entre otras. Siga leyendo este en
En este acápite sintetizaremos el régimen agrario, las reformas agrarias y la lucha por la tierra mediatiza por organizaciones indígenas. Este aspecto se hace importante por cuanto los indígenas evangélicos se volcaron al protestantismo cuestionando el régimen de la dominación y precisamente para procurar salir de esta situación.
1.1 Régimen agrario
El período del Estado-Nación se caracteriza por el dominio terrateniente tradicional, asentado en las relaciones de servidumbre: wasipunko[i], base de la estructura agraria de dominación, que tiene su origen en el siglo XVII y perduró hasta finales de la década de los setenta del siglo XX. En este periodo, aunque se suprimió el tributo indígena en 1857, de hecho coexistió con otras formas de dominación como la prisión por deudas, la explotación de la mano de obra indígena en las haciendas, el rechazo y desprecio a la cultura indígena, entre otras. Pero principalmente, los pueblos indígenas no tienen derechos frente al Estado y la sociedad: sin capacidad de elección y de ser elegidos, excluidos de cargos estatales por no ser hispanohablantes y sus comunas consideradas tierras baldías[ii]. Asimismo, el Estado como sucesor colonial mantuvo su política de explotación mediante la imposición de trabajos obligatorios en obras públicas, pago de impuestos y diezmos para la Iglesia Católica. Pero en el siglo XX, aunque el Estado expropió tierras de la iglesia y pasó a ser parte de las Juntas Estatales de Beneficencia, la situación indígena no fue modificada, sino con la Reforma Agraria de 1964 y 1973[iii].
El sistema de encomiendas fue reemplazado por adjudicaciones de tierras y los nuevos dueños “concertaban” con los indígenas. Este es el origen del concertaje, el cual consistía en la asignación de parcelas de subsistencia a los indígenas. De esta manera, con la expansión de las haciendas, las comunidades libres fueron arrinconadas en tierras de peor calidad[iv]. Un elemento importante dentro del régimen agrario tradicional lo constituye el esquema de la dominación. La administración étnica que en tiempos de la colonia estaba en el poder central, con la supresión del tributo de indios en 1857, pasó al poder local. Es decir, entre 1857 y 1973, la administración étnica estaba mediatizada entre el Estado y las poblaciones indígenas por el poder local[v]. Este poder se hacía evidente en la clásica trilogía hegemónica terrateniente-cura-teniente político[vi]. Los hacendados constituían los responsables de la explotación económica de “sus indios”; la Iglesia Católica, además de seguir recaudando diezmos y primicias, se convirtió en un aparato intermediario que presidía el dominio cultural-ritual de las parcialidades y la gente mestiza del pueblo usufructuaba de las relaciones desiguales. Esta tríada de dominación perduró como natural y poco cuestionada[vii].
Asimismo este poder de dominación se ampliaba con la gente del pueblo constituido por prestamistas usureros, cantineros chicheros, comerciantes y miembros de la administración de la hacienda (mayordomos)[viii]. La vigencia de esta trilogía no sólo fue posible porque los terratenientes mantuvieron el control político sobre la población rural, sino también por la alianza entre los terratenientes y la Iglesia. Ésta, también propietaria de haciendas, otorgaba el sustento ideológico a los terratenientes y ejercía control sobre los campesinos que se oponían al sistema de haciendas aduciendo el ordenamiento natural del sistema[ix]. A partir de los años cincuenta las haciendas empezaron a resquebrajarse por el acelerado proceso de urbanización, lo que obligó la modernización del agro pasando de relaciones serviles al trabajo asalariado y la movilización de los huasipungueros que tenían por objetivo la posesión de tierras[x]. Luego de las reformas agrarias, el esquema de dominación inicia su decadencia principalmente por la ruptura de la Iglesia Católica con los terratenientes influenciados por la presencia de la curia progresista. La Iglesia entrega algunas de sus haciendas, impulsa el proceso de capacitación, concienciación y dinamiza los esfuerzos organizativos[xi], entre otras. Siga leyendo este en
* Indígena ecuatoriano, internacionalista y teólogo.
Fuente: Lupasprotestante, España
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