Por Hilario Wynarczyk. (*) Buenos Aires., Argentina.“Usted puede tener tres clases de relaciones con príncipes, gobernadores, y opresores. La primera y peor es que usted los visite a ellos, la segunda y la mejor es que ellos lo visiten a usted, y la tercera y la más segura, que permanezca lejos de ellos, de tal modo que ni usted los vea a ellos ni ellos lo vean a usted”. Abu Hamid Muhammad al-Ghazzali. (**)
Al hablar de laicidad del Estado en la Argentina, la influencia de la Iglesia Católica Romana es el problema recurrente, enfocado por lo general como una situación de monopolio dentro del campo de fuerzas constituido por el conjunto de las religiones presentes en el país. Al mismo tiempo los líderes evangélicos, sobre todo los conservadores bíblicos (la inmensa mayoría de un colectivo que tal vez supera los cuatro millones de personas), saben que el movimiento religioso que protagonizan es importante, y por momentos parece que algunos de ellos desearían gozar del estatus de actores de un duopolio, en vez de un monopolio.
El punto de origen de este problema de asimetrías se encuentra, desde el punto de vista jurídico, en la Constitución Nacional. Indica la Carta Magna en el primero de sus artículos que la nación es una República, y en el siguiente, afirma que la República sostiene al culto católico apostólico romano.
Ambas definiciones parecen el resultado de una transacción entre sistemas filosóficos en competencia a la hora de discutir la Constitución en los albores de la segunda mitad del siglo XIX, cada uno con su correlativo andamiaje político. Más tarde la perspectiva se extiende y amplifica en el derecho positivo hasta el artículo 33 del código civil, la Ley de Culto y el Registro Nacional de Cultos, que organizan un estatus jurídico privilegiado para la Iglesia Católica, y un estatus de organizaciones religiosas de segunda clase para las demás.
Dentro de ese panorama tiene sentido preguntar cuál es la opinión del público.
Pocas informaciones tenemos para darle una respuesta a esa pregunta, pero datos recientes, extraídos de la investigación de la Consultora Poliarquía (realizada por encargo del diario La Nación en septiembre del año 2010), son ilustrativos y brindan algunas pistas para la comprensión de un panorama que demandaría estudios más específicos. Las estadísticas a las que tuve acceso provienen de un artículo firmado por Laura Oliva en la Sección “Enfoques” del diario La Nación del domingo 24 de octubre de 2010. Pero el análisis que aquí expongo es independiente por completo del que hizo esa periodista.
Aunque la encuesta de Poliarquía no nos permite saber si la gente está de acuerdo con la existencia de un estatus jurídico asimétrico en favor del culto católico, pone de manifiesto que tan sólo el 12 % de la muestra consultada opina a favor de que el Estado le brinde asistencia económica a la Iglesia Católica Romana.
En un punto intermedio, existe un número significativo, del 41%, que piensa que el Estado debería ayudar a todas las religiones.
En el otro extremo, un 42 % se pronuncia en contra de que el Estado asista con dinero a las religiones.
Para decirlo de un modo breve, esto significa que a la gente consultada en esta muestra no le interesa mayormente que el Estado sostenga religiones. Y, observado en particular, el interés en que el Estado asuma el sostén de la Iglesia Católica Romana es muy escaso (una de cada diez personas consultadas se inclina en esa dirección).
Hasta ahí hablamos de la contribución al sustento económico de un culto determinado, cuya gravitación social depende en realidad de otros nexos históricos con organizaciones del Estado, la sociedad y la cultura, a través de méritos propios bastante claros en el rubro de la educación. Desde esta perspectiva que va más allá de lo jurídico, es notorio por ejemplo, que los obispos de la Iglesia Católica Romana logran una notable presencia crítica en temas de justicia social y han sabido en los últimos tiempos actualizar su lenguaje poniéndolo en consonancia con el paradigma del sistema democrático y la defensa de las instituciones que lo articulan.
Sin embargo los datos de la misma encuesta permiten saber que un alto porcentaje de los consultados está de acuerdo, aunque este acuerdo varía en niveles de intensidad, con la idea de que las autoridades religiosas no deberían intentar influir en lo que la gente vota en las elecciones (78%) ni en las decisiones de gobierno (77%). El dato es llamativo, pese a que ignoramos el formato que realmente tenía la pregunta al ser planteada a los encuestados.
En definitiva, aunque son muy básicas, estas cifras contribuyen a desacreditar la idea de que en la Argentina existe un poder religioso hegemónico y parecen poner de manifiesto cierto grado de consenso a favor de la clara separación entre las esferas del Estado y la religión.
Si es así, estas informaciones desafían cualquier pretensión de ejercicio de influencias de la religión sobre el Estado y la vida cívica, si está formulada con intenciones hegemónicas, que no distan en última instancia de ser derivaciones de una matriz autoritaria.
Aparentemente habría un espacio abierto en la sociedad para la cooperación entre las religiones y el Estado, en un clima de pluralismo responsable capaz de contribuir a darle una nueva forma a la nación en el curso de su historia.+ (PE)
(*) El autor es Doctor en sociología y se especializa en la investigación de temas del campo evangélico.(**) Cita extraída del libro de José Casanova, “Public religions in the Modern World”, publicado por The University of Chicago Press, 1994. Página 48.
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