MUERTE DEL SOLDADO PENTECOSTAL | RESONANCIA

Por.  Por. Hilario Wynarczyk, Argentina

Segunda de tres notas que analiza la resonancia del asesinato del soldado pentecostal Omar Carrasco. Tema candente en el año de la Reforma Constitucional de 1994, que cobra notoriedad nuevamente. 

A partir de la entrada en escena de parte de FACIERA, la protesta por el crimen del soldado Carrasco escaló un peldaño y pasó al de la protesta institucional de los evangélicos por su reconocimiento como actores de la sociedad civil frente al Estado.

El Secretario General de FACIERA declaró en El Puente, que los dirigentes evangélicos se proponían hacer llegar dos propuestas al Ministerio de Defensa, al Congreso, a los medios, y al Presidente de la Nación: la abolición del servicio militar y la apertura del ejercicio de capellanías a los otros cultos. Para entonces, las capellanías estaban exclusivamente en manos de sacerdotes católicos apostólicos romanos dentro de la esfera de incumbencia del Vicariato Castrense.

Luego de la dictadura, estas capellanías fueron continuamente objeto de críticas y una destacable en términos jurídicos provino desde el interior mismo de la militancia católica, como puede observarse en el libro de Emilio Mignone: Iglesia y dictadura. El papel de la iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar, publicado en 1999 por la Universidad Nacional de Quilmes.

Casi enseguida, el 10 de julio de 1994, el diario Clarín, en su revista dominical Viva le dio una amplia cobertura al caso Carrasco e hizo notar que en el Ejército existía discriminación religiosa. Este hecho solía ser señalado en la Argentina con relación a los judíos, usualmente discriminados para seguir carreras militares. Pero surgía claramente colocado ahora con relación a la principal minoría religiosa del país.

De esta manera, se produjo una sinergia entre la información periodística y el reclamo institucional de los evangélicos, en un momento que el proceso de reforma de la Carta Magna de la Nación, como un factor coadyuvante, tornaba políticamente favorable.

Pero debemos tener en claro que si bien los hechos fueron muy importantes para los evangélicos en su relación con el Estado nacional, marcando su identidad y su reclamo, la cuestión de la pertenencia religiosa de Carrasco, a excepción del significativo tratamiento de la revista Viva, no alcanzó enorme relevancia en la sociedad argentina y no adquirió mayor espacio mediático. Y sin embargo, trajo consecuencias.

FIN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

En aquel mismo mes de Julio de 1994, el presidente Carlos Saúl Menem, secundado por el general Martín Balza, anunció que el Servicio Militar Obligatorio sería reemplazado por un servicio militar profesional y voluntario.

El caso del joven pentecostal precipitó la decisión del Poder Ejecutivo, pero, a rigor, la idea de abolir el Servicio Militar Obligatorio, en una fase de notable desprestigio de las Fuerzas Armadas, ya venía siendo discutida por los organismos de Derechos Humanos, en los cuales intervenían los evangélicos de otro segmento del mismo universo de iglesias. Se trata ahora de los metodistas, luteranos y reformados calvinistas (entre otros, que incluían también pentecostales), más afines al Movimiento Ecuménico y los énfasis teológicos en problemas sociales de justicia, con sus necesarias tangencias en la Teología de la Liberación. Las iglesias de esta parte del mundo evangélico se hallaban vinculadas mayormente en la FAIE, Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Y con respecto al tema de la abolición del Servicio Militar Obligatorio enfatizado por “el caso Carrasco” la voz de estas iglesias se hizo notar a través del MEDH, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Así, en septiembre de 1994, el abogado Carlos Saúl Menem, Presidente de la Nación, comunicó que los capellanes evangélicos serían aceptados en las cuarteles (El Puente, septiembre, página 32). Los dirigentes evangélicos, con el Secretario de Culto de la Nación, comenzarían a trabajar en un proyecto de ley para regularizar las capellanías militares. Algo que nunca fue concretado.

Pero de todos modos, los evangélicos venían desarrollando un área de capellanías especialmente dirigida hacia las prisiones, con notable éxito y buena aceptación de parte del estado, sobre todo de la Provincia de Buenos Aires, que reconocía obviamente, inferimos, la contribución de las iglesias al control social, y destinaba un espacio a lo que se denominaba “el pabellón de los evangélicos”, un fenómeno también notorio en la Provincia de Santa Fe. De un modo afín, los pastores evangélicos venían desarrollando un ministerio menos notorio, dirigido al personal de las fuerzas de seguridad y defensa a través de la Confraternidad Cristiana Evangélica de Miembros de Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Argentina (CCEMFASA), entidad que sostenía relaciones fraternales con la Asociación de Compañerismo Militar Cristiano Mundial (AMCF, siglas en inglés). Estas acciones tenían que ver mayormente con las iglesias afines a las tradiciones evangelicales y pentecostales.

LAS CONDENAS A LOS CRIMINALES

El 31 de enero de 1996, el subteniente Ignacio Canevaro fue condenado por el Tribunal Oral de Neuquén a 15 años de prisión, y los dos soldados ocupados del “avivamiento” –Cristian Suárez y Víctor Salazar– a 10 años. Al Sargento Carlos Sánchez, que actuó como encubridor, la Justicia lo condenó a 3 años. Sin embargo, todos ellos obtuvieron un beneficio de rebaja de años de prisión que favorece a los presos (sistema del 2 x 1) por el tiempo que permanecen privados de libertad sin condena definitiva.

Diez años más tarde, en marzo de 2006, ahora durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, también procedente del vasto y heterogéneo mundo peronista, “el caso Carrasco” entró en una fase conocida como “Caso Carrasco II”. El Consejo de la Magistratura suspendió a Rubén Caro, juez federal de Zapala que investigó el homicidio, a fin de someterlo a un juicio político por presunto mal desempeño en la investigación (Clarín, 2 de marzo de 2006, página 17, y edición del 3 de marzo, página 6).

Dr. Hilario Wynarczyk

Doctor en Sociología (Universidad Católica Argentina, UCA)

Máster en Ciencia Política (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil, UFMG)

Licenciado en Sociología (Universidad de Buenos Aires, UBA)

Profesor de Metodología y Taller de Tesis (Universidad Nacional de San Martín, UNSAM)

Integrante de los consejos directivos de:

Asociación de las Cientistas Sociales de la Religión en el Mercosur (ACSRM)

Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR)

Pertenece a:

Red Latinoamericana de Estudios Pentecostales (RELEP)

Programa Latinoamericano de Estudios Socio-Religiosos (PROLADES)

Ha sido integrante del Consejo de Expertos de las Secretaría de Culto de la Nación
Investigador y escritor

Fuente: Cordialmentepxg